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2016-07-19
El jueves pasado el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito emitió una sentencia en la que determinó que la Ley de las Comunicaciones Almacenadas (Stored Communications Act, o SCA) no autoriza a los tribunales a emitir y ejecutar órdenes de registro contra proveedores de servicios establecidos en Estados Unidos para la incautación del contenido de los correos electrónicos de un usuario almacenados exclusivamente en servidores extranjeros.
En 2013, un juez federal de instrucción de Nueva York emitió una "Orden de Registro e Incautación" de acuerdo con la SCA para la cuenta de correo electrónico de un usuario de Outlook.com, operado por Microsoft. La orden de registro ordenaba a Microsoft proporcionar el contenido de todos los correos electrónicos, información acerca de la identificación de la cuenta, libretas de contactos, imágenes, archivos y cualquier contacto mantenido con los servicios de asistencia de Microsoft. Microsoft almacenaba el contenido de la cuenta de correo del usuario en un servidor ubicado en Dublín, Irlanda. El juez de instrucción determinó que existían indicios racionales de que la cuenta de correo electrónico se había utilizado para la promoción del tráfico de drogas. Se corrió traslado de la orden de registro a Microsoft en su sede social en Redmond (Washington, Estados Unidos).
El expediente del caso no contiene información acerca de la nacionalidad del usuario de Microsoft o de su ubicación.
En respuesta a la orden de registro, Microsoft proporcionó al gobierno de Estados Unidos cierta información acerca de la cuenta de su usuario, pero no el contenido de los correos electrónicos. Por el contrario, Microsoft solicitó la anulación de la orden de registro en lo que respecta al contenido de los correos electrónicos de su usuario almacenados en Dublín.
El tribunal federal de distrito para el distrito sur de Nueva York rechazó la moción de Microsoft para anular la orden de registro y determinó que Microsoft había incurrido en desacato civil por haberse negado a proporcionar el contenido de los correos electrónicos. Microsoft apeló esta decisión.
La cuestión planteada ante el Tribunal de Apelaciones era si el tribunal federal de distrito tenía autoridad para ejecutar la orden de registro contra Microsoft.
La SCA fue promulgada en 1986, y especifica varios tipos de órdenes para la obtención de comunicaciones electrónicas por parte del gobierno de Estados Unidos. La información básica de la cuenta, tal como la identidad del suscriptor y otros detalles transaccionales, pueden obtenerse con un requerimiento administrativo ("subpoena"). La obtención del contenido de comunicaciones que tengan menos de 180 días de antigüedad requieren una orden de registro (“warrant”), que se emite cuando el juez de instrucción determina que existen indicios racionales de criminalidad. Otras categorías de información pueden obtenerse con una orden judicial (“court order”) que requiere un criterio menos estricto que la existencia de indicios racionales de criminalidad.
Microsoft alegó que el instrumento autorizado por el juez de instrucción era una orden de registro, y las órdenes de registro están normalmente sujetas a limitaciones territoriales: sólo permiten el registro y la incautación de objetos en lugares ubicados en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, por el contrario, alegó que el destinatario de una orden de registro emitida de acuerdo con la SCA debe proporcionar todos los archivos, objetos físicos y otros materiales con independencia de dónde estén ubicados, siempre que el destinatario tenga custodia o control sobre tales materiales.
De acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales federales de Estados Unidos, existe una presunción contra la aplicación extraterritorial de legislación: se supone que una ley se aplica sólo dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, a no ser que esa ley disponga lo contrario. Las disposiciones de la SCA acerca de las órdenes de registro no mencionan nada acerca de su aplicación extraterritorial, como tampoco lo hacen sus antecedentes legislativos. El Tribunal determinó que el objetivo principal de la SCA no es asistir a las fuerzas policiales, sino proteger la privacidad de las comunicaciones almacenadas; por lo tanto, el factor determinante no es dónde ocurre la revelación de la información (en este caso sería en Estados Unidos, una vez que Microsoft proporcionara la información requerida), sino dónde se encuentra almacenada la información (en este caso, en Irlanda). El Tribunal de Apelaciones concluyó que la orden de registro no tenía aplicación en relación con el contenido de los correos electrónicos del usuario de Microsoft, porque estaban almacenados en Irlanda y por lo tanto se encontraban fuera del alcance territorial de la SCA.
Esta sentencia ha interpretado una ley que se promulgó en 1986 en relación con una situación que el legislador no había contemplado: el alcance extraterritorial de una orden de registro para obtener el contenido de comunicaciones a las que se puede acceder instantáneamente a través de Internet, pero que están físicamente almacenadas fuera de Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos tiene un tratado de asistencia judicial recíproca con Irlanda que establece los mecanismos para la obtención de pruebas ubicadas en el territorio de uno de los dos países. Como resultado de esta sentencia, el Congreso de Estados Unidos podría legislar mecanismos distintos a los proporcionados por la SCA y el tratado de asistencia judicial recíproca, si determina que esos nuevos mecanismos son necesarios en vista de los avances tecnológicos.